¿QUIÉN MANDA?

 

En los sistemas democráticos se parte de la idea básica de que el poder reside en el pueblo que lo delega en sus representantes a los que eligen libremente en un proceso electoral cada cuatro años. La Constitución española lo define muy claramente en el artículo 2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Cristalino. De forma similar figura en las constituciones de las que se dotan las democracias. ¿Pero es así como funciona en la realidad? ¿De verdad el poder reside en el pueblo?



Desde los primeros momentos de nuestra democracia supimos que existen otros poderes, los mismos que en la dictadura, que distorsionan estos nobles principios de las democracias liberales. Y es que los viejos Estados de derecho ya tenían muy rodada la existencia de los poderes de verdad, los que llamaron fácticos, los que deciden los comportamientos de la economía y por ende el tipo de sociedad. Lo cierto es que siempre han existido en todos los regímenes y con todos los gobiernos. En un sistema de libertades influyen muy eficazmente en el poder político formando grupos de presión, cuyo funcionamiento se encuentra regulado en algunos países. Es una forma de imponer sus intereses sin necesidad de acudir a las urnas. Cuando Pedro Sánchez dimitió de Secretario General del PSOE denunció públicamente la presión ejercida por diversos grupos económicos y mediáticos para echarlo. Y lo consiguieron. Después, con su decisión, convenció a la mayoría de su Partido hasta recuperar el puesto que tenía. ¿Son las empresas eléctricas un lobby que impone su interés por encima de cualquier otro? ¿Es el fichaje de Antonio Miguel Carmona para vicepresidente de Iberdrola una forma descarada de mostrar su poder, captando a un socialista cabreado para poner en entredicho al Gobierno, en unos momentos tan difíciles para poder pagar el recibo de la luz?


En la democracia más antigua de las existentes, los EE.UU., después de la desgraciada presidencia de Trump, la llegada de Biden concitó muchas esperanzas en un cambio profundo y una racionalidad de la que había carecido el anterior presidente. De hecho ha presentado una serie de medidas para impulsar la economía y mejorar las precarias condiciones sociales de una gran mayoría de su sociedad. Un plan de casi 2 billones de dólares que incluye, entre otras medidas, el pago directo a las familias necesitadas, apoyo a la pequeña y mediana empresa, mejoras en la sanidad, bajar el precio de los medicamentos, un proyecto de mejoras en infraestructuras y medidas para luchar contra el calentamiento global. Es decir, un gran estímulo a la economía basado en medidas sociales y en la defensa del medio ambiente. Estas actuaciones serían financiadas con una subida de impuestos a las grandes empresas. Un comunista, vaya. Pero que el Congreso y el Senado se lo aprobara es otro cantar. El poder fáctico se ha movilizado y capitaneado por las empresas farmacéuticas y petroleras, presionan a algunos de los congresistas, a los que han financiado sus campañas electorales, para que no dejen pasar propuestas como estas del Presidente. La oposición de las Cámaras ha estado a punto de que el Gobierno no pueda pagar los créditos que tiene el Estado ni hacer frente a las nóminas de los funcionarios. Con estas coacciones han conseguido que haya que negociar y rebajar sus objetivos. Seguramente será la subida de impuestos la que salga peor parada, lo que condicionará el resto del programa.


En nuestro país el Gobierno de coalición ha aprobado la Ley de Vivienda que, entre otras medidas, fija un máximo a la renta en las viviendas de los grandes propietarios. También va adoptar una medida fiscal importantísima, fijar el tipo impositivo mínimo del 15% para las grandes empresas y anuncian una reforma de las condiciones del mercado laboral. Estas medidas, unidas al anuncio a las eléctricas de subirle los impuestos, han provocado la indignación del poder económico y de su brazo político, el Partido Popular, que ha amenazado con no aplicarla en las comunidades autónomas que gobierna. Son medidas, junto con otras ya promulgadas de carácter social, que intentan nivelar algo el desequilibrio que padece nuestra sociedad. La intervención pública del presidente de Iberdrola acusando al Gobierno de intervencionista, viene en apoyo de las manifestaciones de los líderes del PP y su machacona propuesta de echar a Pedro Sánchez y a su patulea de comunistas, separatistas, etarras y gente de mal vivir. Por el bien de España, claro. Del bien de los españoles no hablan.


Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Nuestro voto sirve para algo? Sirve si se vota a opciones políticas de izquierda, comprometidas con la idea de corregir las desigualdades y apoyar a los sectores más necesitados de la sociedad. Sirve para conseguir que gocemos de más libertades, sirve para que las minorías étnicas tengan los mismos derechos que los demás, sirve para alcanzar la igualdad de géneros, sirve para tener una educación y una sanidad públicas de calidad para todos. Sirve, en definitiva, para plantar cara a los poderes económicos y obligarles a retroceder en el poder que ostentan. A la derecha ya los votan los que se benefician de las medidas que aplican. Esto significa estar de acuerdo con que la desigualdad se profundice, con un recorte de libertades, que ya ha anunciado Casado, con la privatización de los servicios del Estado para que ganen dinero las empresas de los ricos, significa que se rebajen los impuestos a las grandes empresas y que los paguemos nosotros. Es difícil de entender que los que están con trabajos precarios, mal pagados o en el paro, los que no pueden pagar el alquiler del piso, los que pasan serias dificultades para llevar una vida digna, voten al enemigo. Sin duda lo hacen porque la propaganda que vierten en todos los medios de comunicación y en las redes sociales los ha convencido de que el Gobierno de los rojos es el culpable de todos los males que padecen. Es preciso que estas fake news que propagan con total impunidad, sean contrarrestadas por la explicación sencilla y clara de los avances sociales que se impulsan desde el Gobierno. Pero de eso hablaremos en otra ocasión.









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