MERCADO Y VIVIENDA

 

En los últimos años nuestra sociedad ha padecido demasiados ataques a su bienestar. La crisis económica, el paro ya algo endémico, los empleos que rozan la explotación, los salarios de miseria y la escasez de viviendas de alquiler. Dejo fuera la estocada que le ha dado a la Sanidad el covid 19. Todas son consecuencias de una ofensiva del mercado, antes llamado capitalismo, que actúa sin freno lo que provoca cada vez más desigualdad.

El Gobierno está actuando contundentemente en la agenda social, ha subido el salario mínimo, ha implantado el ingreso mínimo vital, ha fomentado las políticas de igualdad, mantiene el nivel adquisitivo de las pensiones, entre otras prestaciones. Y ahora ha entrado en un debate sobre cómo regular el alquiler de las viviendas, otro de los problemas que angustian a la sociedad especialmente a los jóvenes. Entretanto las escasas viviendas destinadas al arrendamiento están siendo compradas por fondos de inversión, en Córdoba ya poseen el 13,5%, en Madrid, dónde más han intervenido, tienen el 57,2% de todas y no paran de crecer. Estos fondos buitre desahucian a los inquilinos y suben los precios. “Es el mercado amigos”, como dijo Rodrigo Rato.

Entre tanto los jóvenes y no tan jóvenes, que consiguen un trabajo dónde los explotan, no tienen capacidad económica para poder acceder a una vivienda de alquiler por los precios desorbitados que piden los propietarios, en muchos casos, como hemos visto, fondos buitre. Esta limitación vital les impide emanciparse de la vivienda de sus padres, mantener una relación normal con sus parejas, tener hijos, en definitiva construir un proyecto de vida. Es uno de los muchos efectos perniciosos que nos trae el mercado, antes capitalismo.

Sobre las medidas que se pueden adoptar para resolver este acuciante problema, los miembros del Gobierno no se ponen de acuerdo. UP, quiere que se ponga límite a los precios del alquiler, el PSOE quiere que se desgrave fiscalmente a los propietarios. Dos soluciones encontradas y con evidentes repercusiones en distintos sectores sociales. La primera intenta favorecer directamente a los inquilinos, pero cuenta con un serio hándicap, puede disminuir la oferta de los propietarios y a la larga estos ganan. El PSOE quiere favorecer a los propietarios directamente, pero sus beneficios los pagamos todos los contribuyentes, porque disminuir la carga fiscal, significa menor recaudación y menos dinero en las arcas de todos los ciudadanos.

Creo que ambas soluciones no tienen en cuenta la norma fundamental que rige el mercado: oferta y demanda.

Debemos recordar que cuando el Gobierno y  las CC. AA. construían viviendas  había un Ministerio y una Consejería que se encargaban específicamente de ello. El Ministerio desapareció en 2010,  se ha transformado en una Secretaría de Estado y la Consejería en una Agencia (al menos en la Junta de Andalucía), lo que dice mucho del interés político que ahora tienen las Administraciones Públicas en actuar en el mercado de la vivienda. La consecuencia es que se han dejado de construir  las viviendas públicas que demanda la sociedad. En Europa tenemos ejemplos de Estados que han apostado por las viviendas de alquiler, en Holanda, el 32% de las viviendas de alquiler son públicas y las gestionan asociaciones sin ánimo de lucro. En el Reino Unido el 55%  de las viviendas sociales son públicas. En Viena es una prioridad del Ayuntamiento,  sus alquileres no sobrepasa el 30% de los ingresos del inquilino, hay alquileres de 360 euros mensuales en viviendas de 80 y 90 metros cuadrados. Los Países Bajos, Suecia y Reino Unido gastan el 3% de su PIB en política de vivienda, en España no llega al 1%

 La política de vivienda no se puede dejar exclusivamente en manos del mercado porque no es solidario, porque no tiene corazón, tiene cartera, porque su finalidad es acumular la máxima cantidad de dinero que pueda a costa de quién sea. Y una de las políticas más solidarias con los jóvenes que se puedan hacer hoy es que puedan tener acceso a una vivienda digna. La sociedad-mercado les está negando el trabajo, el salario digno y las condiciones laborales que tuvieron sus padres. Los derechos por los que lucharon varias generaciones se han perdido y el sistema-mercado se ha puesto como objetivo condenarlos hasta sin vivienda.

Es una necesidad prioritaria que todas las Administraciones públicas hagan una apuesta decidida por resolver esta grave e indigna situación. Es preciso aumentar las dotaciones presupuestarias en una cuantía suficiente para que no nos quepa la menor duda de que existe una apuesta clara por cumplir el mandato de la Constitución que en su artículo 47 dice:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización de suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Cuando existía el Ministerio de la Vivienda, se hizo una política agresiva de construcción de viviendas públicas en todo el territorio nacional, coordinada con las llevadas a cabo por las CC.AA y Ayuntamientos (años 80 y 90), el objetivo era acabar con el chabolismo existente y las infraviviendas en las que vivían muchos españoles. Como consecuencia surgieron barriadas con viviendas dignas en régimen  de alquiler con cuotas mensuales muy bajas y que apenas se han incrementado con el paso de los años.

Ahora  es necesario que se recuperen esas actuaciones y se emprenda una agresiva política de construcción de viviendas sociales. En la esperada recuperación de la economía en la pospandemia y con las ayudas que se esperan de la UE, se presenta la ocasión de acometer seriamente la solución del problema. Lo demás es enfrascarse en discutir soluciones que no lo resuelven, porque limitar los alquileres o establecer beneficios fiscales no va a hacer que haya más viviendas sociales,  se necesita aumentar la oferta, con lo que también traería como consecuencia que bajasen los precios del alquiler en el sector privado. “Es el mercado amigos”.