La gestión de la Mezquita-Catedral

En estos días el alcalde de Granada, del Partido Popular, ha pedido que parte de la recaudación que obtiene el Patronato de la Alhambra por la venta de entradas se lo den al Ayuntamiento para realizar obras de mantenimiento en el barrio morisco.

En Córdoba la Iglesia que administra la Mezquita-Catedral recauda una ingente cantidad de dinero, nunca hecho público, con los ingresos por taquilla que se pagan por los visitantes en concepto de donativo, por tanto libre de impuestos.  El Ayuntamiento, también gobernado por el PP, no sólo no reclama nada a los administradores de la Mezquita-Catedral, sino que se pone de parte de ellos en las decisiones que toman, aunque sean contrarias a los intereses de la ciudad, como es  suprimir el nombre de Mezquita de los folletos y de la publicidad.

Dos actitudes diferentes en dos ciudades gobernadas por el mismo partido, con los monumentos Patrimonio de la Humanidad más visitados de España y que son motores de sus respectivas economías.

¿A qué se deben estas actitudes tan distintas ante situaciones similares?

¡Exacto! a que la Alhambra es de la Junta de Andalucía y la Mezquita-Catedral de la Iglesia, según dicen ellos. Una vez más el PP  ejerce de brazo político de la jerarquía eclesiástica y protege sus intereses por encima de los del resto de ciudadanos. En este escenario al Partido Popular le importa un bledo el interés general de la ciudadanía.

El gobierno de Andalucía ha ofrecido al Obispo abrir un diálogo sobre la posibilidad de realizar una gestión conjunta del monumento y se han dado tres meses de plazo. Al Ayuntamiento esta situación le ha dejado sin sitio en la negociación y esto es muy grave porque está en juego un asunto de vital importancia para la ciudad. Cuanto antes el Ayuntamiento  debe incorporarse a estas negociaciones pero para defender los intereses de los ciudadanos y no los particulares de una institución religiosa. La solución más razonable sería la creación de un Patronato que gestionara todo lo relacionado con el monumento donde estuvieran representadas las tres partes con el objetivo principal de conseguir que los ingresos tuvieran un tratamiento fiscal normalizado y un destino que beneficiara esencialmente al mantenimiento y mejora del edificio. Nadie ha puesto en cuestión el uso litúrgico que la Iglesia católica  viene realizando desde hace siglos. Lo que se pretende es que se funcione como hasta ahora pero con total transparencia, suprimiendo vetos, censuras y sesgos sectarios que vayan en perjuicio de la imagen que debe tener un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Puro sentido común.