España, un Estado laico

El Gobierno ha filtrado un borrador de la futura Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa. Sería la segunda que tendríamos, después de la de 1980. Sí, aunque no lo parezca hay una en vigor. Los demócratas pensábamos que a la muerte de Franco, un régimen de libertades pondría a la Iglesia en el lugar que debe ocupar en una sociedad democrática y plural, donde se respeta lo que piensan y creen los ciudadanos en un plano de igualdad, sea cual sea ese pensamiento o esa creencia. Muy pronto nos percatamos de que eso no iba con la Iglesia católica y que se le iban a consentir los privilegios de los que gozaba en la Dictadura, aunque sería necesario un poco de maquillaje para aparentar que las cosas habían cambiado.

Treinta años después podemos constatar que no sólo conserva intactos sus privilegios, sino que además ha pasado a la ofensiva con ataques, descalificaciones y movilizaciones contra el gobierno socialista siempre que adopta medidas que ensanchan la libertad. Es descorazonador contemplar las visitas de la Vicepresidenta Fernández de la Vega y del propio Presidente Rodríguez Zapatero al Vaticano, con reprimendas del Papa incluidas. Estas visitas me trajeron a la memoria la lucha de las Investiduras del siglo XII entre el Imperio y el Papado. El Papa Gregorio VII (el que implantó el celibato para los sacerdotes) intentó disminuir el poder del emperador Enrique IV, como éste se le enfrentó, lo excomulgó y lo tuvo tres días en pleno invierno a las puertas del castillo de Canosa donde residía el Papa, pidiendo que lo perdonara. Evidentemente no es lo mismo, son otros tiempos y otras circunstancias, pero al final, hay que ir al Vaticano para intentar tranquilizar los ánimos y garantizarles que no van a perder poder.

El borrador de la nueva ley de Libertad Religiosa parece ser que quiere dar un paso adelante en la separación de la Iglesia y el Estado. Dicen los que han tenido acceso al documento que se habla por primera vez de laicidad del Estado. Dicen que las ceremonias oficiales de los poderes públicos se harán sin actos religiosos, y si las autoridades asisten a un acto de carácter religioso no debe suponer una quiebra del principio de neutralidad (¡ay esas procesiones de Semana Santa!). Dicen también que se habla de la neutralidad de los poderes públicos ante la religión y que los militares no tendrán obligación de asistir a los actos religiosos ni rendir honores. Eso hay que verlo, ya se adelantó la Ministra de Defensa Carme Chacón, pero tuvo que dar marcha atrás en la procesión del Corpus de Toledo. Un mal precedente; si las autoridades democráticas toman una decisión acorde con la Constitución, no pueden volverse atrás, porque pone de manifiesto que el poder no está en la democracia, sino en los grupos de presión; y los ciudadanos que queremos sentirnos representados por nuestros cargos públicos nos sentimos humillados.

Dicen que prohíbe los signos religiosos en los establecimientos públicos. Esa va a ser la guerra de esta Iglesia ultramontana, ¡la guerra de los crucifijos! Una guerra de distracción, porque en la mayoría de los establecimientos públicos ya no hay símbolos religiosos y en los colegios concertados y hospitales privados que tengan convenio con la Seguridad Social los pueden mantener.

Habrá que ver en qué queda todo eso, ya el Papa “ha mostrado su preocupación” al Presidente Rodríguez Zapatero y el frustrado inquisidor Martínez Camino, desde su mal contenida ira, ha lanzado las diatribas a las que nos tiene acostumbrados. La Iglesia intentará que esta sea la madre de todas las batallas para distraer la atención y para que a nadie se le ocurra tocar lo más importante, el dinero que se llevan de los Presupuestos Generales del Estado, nuestro dinero. Por cierto, dicen que de eso no se habla en el borrador.

Estamos, una vez más, ante una propuesta de ley continuista que mantiene los privilegios de la Iglesia católica en lo sustancial, pero incluso las modificaciones que se proponen tendrán muchas dificultades para salir adelante y nos obligarán a enzarzarnos en agrias discusiones sobre si nuestras autoridades deben ir o no a las fiestas religiosas patronales, si en la toma de posesión de, por ejemplo, un ministro debe estar presente un crucifijo, y cosas así. Mientras tanto, creyentes y no creyentes seguimos pagando a los profesores de religión católica en las escuelas públicas, y en las concertadas con crucifijo incluido.

En estos días, en la católica Bélgica, la policía ha efectuado registros en locales de la Iglesia católica buscando pruebas sobre delitos de pederastia. Ante la protesta del Vaticano, el primer ministro, el democristiano Yves Leterme, ha defendido la investigación judicial y ha dicho que esto es una prueba de que la separación de poderes en su país es una realidad. ¿Cuánto tiempo y cuántas leyes más vamos a necesitar para que aquí exista entre nuestros gobernantes un criterio tan sencillamente democrático como ese? ¿Para cuándo la revisión del Concordato de 1979 con el Vaticano, tras el que lleva atrincherada la Iglesia todo el período democrático y que mantiene sus privilegios intocables?