La justicia no es un cachondeo

Los que somos ingenuos, creemos que la democracia es la base de un Estado de derecho cuyos pilares son la definición clara de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, el respeto a las competencias de cada uno, su independencia para ejercerlas y la obligación general de cumplirlas por parte de la ciudadanía. Por ese estado de cosas luchamos contra la dictadura, donde todo era la misma cosa, más la Iglesia. Y hace más de treinta años, con la entrada en vigor de nuestra Constitución, que supuso grandes renuncias para las ideas de progreso, creíamos que habíamos conseguido el Estado de las libertades y del respeto mutuo. Pero la cosa no era tan fácil, las ideas reaccionarias no estaban vencidas ni mucho menos, se disfrazaron de demócratas y se hicieron fuertes en el poder judicial, que no está sujeto al sufragio popular, prestando un apoyo inmejorable a la derecha política. Allí conviven con un sector minoritario que no comparte sus principios pero que ayuda a dar una imagen de pluralidad. Perpetuaron un régimen de acceso a la carrera judicial perfectamente controlado, que garantizara la continuidad hasta convertirse en una casta compuesta por familiares y amigos. Sus objetivos y pautas de comportamiento se definen en estrecha coordinación con D. Federico Trillo, entre cuyos fines se encuentran los de difuminar los delitos que cometan sus correligionarios políticos y machacar a los contrarios.
Esa connivencia ha dado buenos resultados políticos y desde la tranquilidad que da el tener la garantía de que no pasa nada, los políticos del PP han cometido tropelías más allá de lo razonable, con lo que a los “guardianes de la justicia” se les amontona el trabajo de achique. Y han pensado en esa coordinación de estrategias, la manera de minimizar el desmadre lo más que se pueda, aunque son tantos y tan descarados los casos de corrupción que habrá que echar a alguien a los leones para salvar al resto, ¿A quienes les va a tocar? Pues a los que cuentan con menor apoyo político, por ejemplo, Jaume Matas, y los secundarios del caso Gürtell. A los demás se les aplica la técnica jurídica adecuada, se inhabilitan pruebas o simplemente se les salva por la cara. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Castellón archiva una denuncia contra Carlos Fabra, puesta por un empresario que le acusa de obligarle a pagar comisiones millonarias, porque el juez interpreta que el querellante tiene animadversión hacia él, o Juan Luís de la Rúa archiva la causa de los trajes regalados a su más que amigo Francisco Camps, sin más.
Esta escalada les ha llevado a tomar decisiones cada vez más osadas y más alejadas de la razón. Las querellas admitidas a trámite contra el juez Garzón sólo se pueden explicar en este contexto. Hasta se puede entender que por afinidad ideológica, se admitan las presentadas por Falange y la extrema derecha, pero ¿y en el caso Gürtell, autorizar la personación de Francisco Correa, el cerebro de la trama, como acusación particular contra Garzón? ¿Aquí no hay animadversión del querellante contra el juez que lo investigó? Esta situación no puede continuar, la Justicia no se puede convertir en un cachondeo, ni se puede tolerar que esté en manos de personajes resentidos como estos, que les importa un bledo el Estado de derecho y que utilizan la testosterona en lugar del cerebro. Y encima el Presidente del Consejo General del Poder Judicial tiene la osadía de calificar de intolerable las descalificaciones a estos jueces porque ¡suponen un ataque a la esencia misma de las instituciones! ¿Cabe mayor cinismo?
Desde las páginas de El País se preguntaba Ignacio Sánchez-Cuenca ¿deben las instituciones representativas y la sociedad civil aceptar semejante abuso de poder en nombre del Estado de derecho y de la separación de poderes? Creo que no se puede dejar pasar más tiempo y que es urgente iniciar la transición democrática del único poder que aún se mantiene en los postulados predemocráticos. Sabemos que es difícil, que la derecha va a boicotear cualquier intento de reforma, pero hay que hacerlo con valentía porque los ciudadanos tenemos que saber que alguien lo está intentando y también debemos saber claramente quién lo impide y por qué. Y la ciudadanía tiene que organizarse para plantar cara a este bochornoso espectáculo y apoyar a quién esté dispuesto a devolver la dignidad que le corresponde a este poder del Estado.